IRP, el índice contra el que claman los pensionistas

Fuente: WFG
01/03/2018 08:25

MADRID, 01 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .- Una nueva marea de protestas recorre España. La de los pensionistas que han estallado contra la desvinculación de sus pensiones al IPC. Con un modelo que no asegura el poder adquisitivo desde la reforma aprobada en 2013, el sistema de pensiones se asoma ante un barranco de incertidumbre que aumentará los próximos años por la presión demográfica.



Pensionistas y oposición han reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de volver a indexar la revalorización de las pensiones al Índice de Precios al Consumidor (IPC), como se ha hecho siempre. Sin embargo, desde 2013, la fórmula cambió con la introducción del Índice de Revalorización de las Pensiones o IRP.



Con este cambio, se pretende contener el creciente gasto que está soportando el sistema público de pensiones. Desde su entrada en vigor, las pensiones ya no suben en función de lo que hagan los precios, sino que su referencia ha pasado a ser el IRP. O casi, porque el Gobierno introdujo una salvedad en la reforma: pase lo que pase con el IRP, las pensiones subirán como poco en 0,25% al año. Y justo eso es lo que se viene haciendo: subirlas cada año a ese porcentaje.



En los momentos más duros de la crisis, con la inflación en negativo, ese 0,25% incluso reforzaba el poder adquisitivo de los pensionistas. Pero ahora, con la inflación de vuelta, ese 0,25% no cubre el encarecimiento del coste de la vida. El bolsillo lo nota, y los pensionistas salen a la calle para mostrar su indignación.



La realidad es que, siendo estrictos con los resultados del IRP, las pensiones deberían haberse reducido un 2,53% en el paso a 2017 y un 1,98% con la entrada de este nuevo ejercicio, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) . Solo a través de estos rigurosos ajustes, el sistema de pensiones pasaría a ser sostenible, pero nadie parece estar dispuesto a pagar el precio político que ello conlleva.



PERO, ¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL IRP? ¿POR QUÉ ES UNA MEDIDA MÁS SOSTENIBLE?



Detrás de la lista de índices y subíndices que componen la fórmula que explica el BOE se encuentran cuatro variables que determinan su cálculo: la tasa de variación de los ingresos del sistema, la tasa de variación del número de pensiones, el efecto sustitución y un componente que corrige el desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Cabe mencionar que todos ellos se calculan a través de promedios de once años centrados en el ejercicio a computar. Por ejemplo, para calcular la tasa de ingresos de 2018, se realiza el promedio con datos entre los años 2013 y 2018, y previsiones entre los años 2018 y 2022.



El primer pilar del índice es la tasa de variación de los ingresos en la Seguridad Social. Como ingresos, el sistema contabiliza en su mayoría las cotizaciones sociales, aunque también otros elementos como transferencias corrientes o de capital, ingresos patrimoniales o complementos a mínimos. Se excluyen todos aquellos ingresos sin carácter periódico y transferencias de prestaciones no contributivas, excepto los complementos a mínimos de pensión. Por su coeficiente positivo, si la variación de ingresos fuera negativa para el ejercicio en el que se realiza el cálculo, el IRP sufriría un descenso.



A continuación se sitúa la tasa de variación del número de pensiones contributivas. De nuevo, si este componente resulta negativo, el índice de revalorización para ese año se reduce. Esta variable refleja la presión demográfica que existe sobre el sistema de pensiones, que empeorará año a año observando el desarrollo de la pirámide de población española, reduciendo cada vez más el resultado del índice.



La tercera variable de la fórmula es el denominado 'efecto sustitución'. Este se define como el incremento de la pensión media en un año en ausencia de la revalorización. Esto se debe a que, históricamente, las pensiones de los nuevos pensionistas sobrepasan las pensiones de los pensionistas que abandonan el sistema. Su resultado depende por lo tanto del número de pensionistas y de la cuantía de sus pensiones en relación de un año con otro. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el efecto sustitución se situó durante 2017 en el 1,10%, que al poseer coeficiente negativo, disminuye de nuevo el resultado final.



El principal problema de esta variable se encuentra en la ausencia de explicaciones por parte del Ministerio acerca cómo calcula las previsones de las pensiones para el año a estudiar, si el efecto sustitución es una variable endógena de la fórmula. Una lleva a la otra y ninguna se puede calcular independientemente.



Por último, se encuentra el valor de corrección de los desequilibrios del sistema, producidos por las diferencias entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Si la diferencia resulta positiva, el resultado crece, bonificando a los pensionistas en épocas de superávit, y por el contrario frenando el índice en tiempos de déficit. El resultado viene multiplicado por una constante, con un valor de 0,25, es decir, cada año se corrige un 25% el desequilibrio.



AIReF publicó el pasado mes de julio un informe con previsiones del IRP para los próximos cinco años, pronosticando un aumento del 0,25% anual en todos ellos. Un resultado influenciado por el mínimo legal establecido, ya explicado anteriormente, con resultados del IRP negativos hasta 2020 y por primera vez positivos a partir de 2021, aunque aún por debajo del 0,25%. Asimismo, las previsiones de inflación del Gobierno sitúan un avance de los precios en España mínimo del 1,1% para ese mismo periodo.



La sostenibilidad, por lo tanto,de este modelo se antoja complicada, con el aumento de la presión demográfica remando en contra de este o cualquier otro modelo, incluyendo el tradicional ligado al IPC. Lo que hoy es seguro es que no garantiza la estabilidad del poder adquisitivo, una realidad políticamente atractiva de explotar por parte de la oposición al Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero con serias dudas de obtener soluciones del PP o de cualquier otro partido, dado el elevado coste político que supone afrontar la realidad: que las cuentas, actualmente, no salen.