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¿Qué es MiFID II?

Existía la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida por sus siglas en inglés como MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

El 16 de abril de 2014, el Parlamento Europeo revisó tal Directiva, dando lugar a la Directiva 2014/65/UE (MiFID II) y un nuevo Reglamento MiFIR Nº600/2014 (Markets in Financial Instruments Regulation).

MiFID II y MiFIR establecen un nuevo marco normativo sobre mercados e instrumentos financieros que afecta a los mercados financieros de todo el mundo:

MiFID II: profundiza en los temas de seguridad, eficacia y transparencia de los mercados, dirigida a mayor protección de los inversores.

MiFIR: regula los nuevos requerimientos de información de los instrumentos financieros.

Objetivos:

La Directiva MiFID II entra en vigor el 3 de enero de 2018, siendo sus objetivos:

Mejorar la protección de los inversores, introduciendo exigencias elevadas de transparencia, de organización interna de las empresas y de normas de conducta hacia aquellos.

Contribuir a la consolidación de un Mercado Financiero Europeo integrado, eficiente y competitivo, promoviendo la competencia entre los centros de negociación y eliminando el principio de concentración en los mercados regulados.

Además:

Regula además los requisitos organizativos de las ESI (Empresas de Servicio de Inversión), dividiéndolos por materias:

Funciones de control interno: encaminadas a evitar que los posibles conflictos de interés perjudiquen los intereses de los clientes, debiendo adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y regularidad en la prestación de los servicios de inversión:

Cumplimiento Normativo

Control de Riesgos

Auditoría Interna

En el supuesto de que se confíen a un tercero el ejercicio de funciones operativas cruciales, las medidas razonables para evitar que aumente indebidamente el riesgo operativo.

Registro de todos los servicios y operaciones que realice la ESI.

Cuando tenga a su disposición instrumentos financieros y/o fondos pertenecientes a clientes, las medidas para salvaguardar los derechos de dichos clientes.

También es importante destacar la obligación que las empresas tienen de contar con planes de contingencia y de continuidad de negocio (BCP: Business Continuity Plan), para poder seguir llevando su actividad, o al menos las funciones críticas, en caso de materializarse un riesgo operativo, en especial cuando la empresa de inversión ha decidido externalizar funciones o actividades.